Nueve personas, entre servidores públicos y particulares,
han sido vinculadas a proceso por estar involucradas en el fraude de la fotovoltaica perpetrado en la pasada administración estatal de Baja California, titulada por Jaime Bonilla.
Según informó el consejero jurídico del gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, de las nueve personas vinculadas, ocho han sido sometidas a autos de formal apertura a juicio, y de ellas, cinco son ex servidores públicos y tres particulares, quienes son señalados por los delitos de uso ilícito de atribuciones, uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares, así como por el delito de peculado.
Adicionalmente en junio, a través de una apelación, también se consiguió que se les vinculara por el delito de abuso de autoridad.
El consejero compartió que este miércoles a las 02:00 de la tarde el ex gobernador está citado para comparecer ante la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales en la Ciudad de Mexicali para continuar con el proceso.
Además, Pon Méndez reveló que la banca -AFIRME- ha estado insitent
“Es parte natural de un proceso penal en este caso por el tema de la planta fotovoltaica, el señor tenía fuero, se le acabó. Esta no es una cacería de brujas ni una revancha política, ni siquiera, no voy a hacer leña del árbol caído, la respuesta del pueblo de Baja California se le dio en las urnas”
“Estamos hablando de miles de millones de pesos que están en juego, que si yo no los defiendo estaría yo incurriendo en un daño patrimonial para las y los bajacalifornianos. Este citatorio que llegó hace apenas unos días”
“La banca ha estado insistente en cobrarnos esos 4 mil 500 mdp, que a la fecha, nos hemos ahorrado más de 4 mil 500 mdp con todas las acciones legales que hemos interpuesto. Ellos han insistido, promovieron un amparo recientemente con el propósito de que les pagáramos.
Mientras que la gobernadora Marina del Pilar dijo:
“Háganme el favor, quieren que les paguemos con recursos públicos a un banco con las aportaciones federales”
“Comprometen con la construcción de una planta fotovoltaica, que el estado contrata, sin tener la autorización del gobierno federal que son los únicos facultados y con las competencias para construir ese tipo de desarrollos y que la propia ex secretaría de Energía, Rocío Nale le manda un comunicado, el cual él mismo en una de sus virtuales mañaneras dice ‘pues yo no voy a hacer caso’ y aún así hace este contrato donde comprometen las participaciones federales aun y cuando no se construya la planta fotovoltaica”
Por su parye Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno de Baja California señaló:
“Ellos promovieron un amparo con el propósito de que ahora el Estado les pagara esos más de 4 mil 500 mdp, pero no solo logramos evitar ese amparo, sino que también logramos un nuevo requerimiento para que nos devuelvan los 123 mdp”